COMPROMISO CON EL AVANCE DE LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS REMUNERADAS DEL HOGAR

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

DECLARACIÓN

 

Considerando que,

En la mayoría de países latinoamericanos, millones de personas trabajan en el sector informal, en el cual las mujeres están sobre-representadas, y en consecuencia están al margen de la seguridad social, incluyendo el acceso a derechos laborales fundamentales como la jubilación.

En América Latina, 19 millones de personas desempeñan sus actividades remuneradas en un hogar privado. La ocupación es eminentemente femenina y urbana puesto que el 95% es realizado por mujeres y conforman alrededor del 7% de la ocupación urbana regional.

Un 15.3% de la ocupación de las mujeres en la región es el trabajo remunerado del hogar, sector en el que sus derechos laborales y humanos son frecuentemente vulnerados, tal es el caso de la violencia basada en género en todas sus formas que incluye acoso y abuso sexual, agresiones físicas y tráfico y trata. Ocho de cada 10 trabajadoras remuneradas del hogar en la región afirman haber sido víctimas de algún tipo de violencia en sus lugares de trabajo.

El trabajo remunerado del hogar es realizado por mujeres y niñas que viven en situaciones de discriminación por su condición de clase, edad, origen étnico o situación de movilidad. En América Latina, las trabajadoras remuneradas del hogar son mayoritariamente afro-descendientes, indígenas o migrantes en situación de pobreza y pobreza extrema. Siendo regularmente el trabajo en este sector su única alternativa laboral.

A pesar de la histórica adopción del Convenio 189 de la OIT sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de 2011 y su ratificación por parte de 14 países de la región, otros 15 todavía no lo han hecho. De la misma manera, aunque se han realizado importantes avances en las normativas nacionales, siguen pendientes procesos efectivos de implementación e identificación de nuevos puntos críticos y retos.

Las condiciones laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar muchas veces pueden caracterizarse como esclavitud moderna, de manera que limitan cualquier posibilidad de movilidad social, fortalecimiento del capital social y preservan las estructuras de desigualdad de género, así como de exclusión étnica.

 

 

Hacemos un llamado a,

El reconocimiento por parte de los Estados de la deuda histórica en la garantía de derechos humanos y especialmente laborales para con las trabajadoras remuneradas del hogar, así como de su contribución con la economía de los países y la valoración de su trabajo.

El compromiso con el fortalecimiento de medidas que prevengan y erradiquen la discriminación por etnia, condición social, género o situación de movilidad humana.

La ratificación del Convenio 189 de la OIT y que, los Estados que ya lo hayan ratificado, pongan en marcha los mecanismos necesarios para su implementación, incluyendo la revisión de las normas discriminatorias contrarias, e impulsando el intercambio de información entre países, de manera que se equiparen los derechos de las trabajadoras del hogar con los derechos de los demás trabajadores.

 

El compromiso de los Estados para fomentar la organización social y sindical, así como la participación de las trabajadoras del hogar en los procesos de diálogo tripartito;

 

El emprendimiento de acciones urgentes para promover la incorporación en la legislación laboral de normas específicas para regular y garantizar el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras remuneradas, fortalecer los sistemas de inspección laboral y promover la exigibilidad de derechos con enfoque específico en protección social.

 

El compromiso de Estados, gremios y organizaciones de la sociedad civil con la eliminación progresiva de todas las formas de violencia basada en género y discriminación laboral hacia las trabajadoras remuneradas del hogar. Esto implica el fortalecimiento de mecanismos de denuncia, atención, respuesta y reparación, así como sistemas de identificación, control y sanción adecuados para estos casos, a la luz de estándares regionales e internacionales de derechos humanos.

La participación activa de los Estados en los procesos preparativos para el Convenio 190 de la OIT por la prevención de todo tipo de acoso y violencia en el mundo del trabajo, apoyando definiciones amplias, reconociendo que la violencia contra las mujeres es una pandemia global y la especial vulnerabilidad que enfrentan las trabajadoras remuneradas del hogar.