Declaración de: la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Internacional de la Educación (IE), la Internacional de Servicios Públicos (ISP), UNI Sindicato Global, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITD)

Como movimiento sindical mundial que representa a más de 80 millones de trabajadoras en todos los sectores y en todas las cadenas de suministro de todas las regiones del mundo, nos sentimos obligadas a expresar nuestra profunda decepción por la débil y poco inspiradora Declaración Política, el resultado de la reunión de procedimiento de un día celebrada en lugar del regular 64º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas.

Esta Declaración Política no logra transmitir el mensaje de esperanza, aliento y compromiso que las mujeres de todo el mundo esperan y merecen. Este es un año crítico – un momento para reafirmar el compromiso con los objetivos de gran alcance de la Declaración y la Plataforma de Acción adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas en Beijing, hace 25 años.

La Plataforma de Acción de Beijing es un documento innovador y ambicioso que identifica algunas de las principales barreras estructurales para el disfrute de los derechos humanos de la mujer. Destaca 12 “esferas de especial preocupación” y esboza 50 objetivos estratégicos que requieren que los gobiernos, así como las instituciones financieras internacionales (IFIs), el sector privado, los gobiernos donantes, la sociedad civil y los sindicatos, tomen medidas concretas para hacer realidad los derechos humanos de la mujer, en particular las más marginadas, incluidas las mujeres de color.

La Declaración Política adoptada por los gobiernos en el 64º período de sesiones reducido de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW64) debería haber ofrecido una clara evaluación de la aplicación y un compromiso ambicioso y con visión de futuro para ampliar la acción.

Debería haber reconocido las actuales amenazas mundiales, sea para la paz y la democracia, el medio ambiente, los derechos humanos, los derechos de trabajadores y trabajadoras o los derechos de la mujer.

Debería haber ofrecido una visión progresista y feminista para contrarrestar esas amenazas y revitalizar nuestro avance global y colectivo hacia la igualdad de género y la justicia social.

La Declaración Política de la CSW64 no hizo ninguna de estas cosas.

En cambio, es abismalmente débil y no presenta ninguna visión para acelerar la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing. El texto diluido ofrece una flexibilidad considerable a los Estados Miembros para que ignoren sus obligaciones. Por ejemplo, el lenguaje que pide la aplicación “plena, eficaz y acelerada” de la Plataforma de Beijing se ve socavado por las débiles sugerencias de que los Estados “consideren la posibilidad de ratificar o adherirse” a la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención más amplia y jurídicamente vinculante sobre los derechos humanos de la mujer.

Aunque la Declaración reconoce que “los progresos no han sido lo suficientemente rápidos o profundos, que en algunas esferas los avances han sido desiguales, que siguen existiendo importantes lagunas y que persisten los obstáculos, incluidos los obstáculos estructurales, las prácticas discriminatorias y la feminización de la pobreza”, el texto no dice nada sobre el fracaso de los modelos económicos dominantes y la austeridad fiscal como factores adicionales que contribuyen a la falta de progresos. Los factores que el Secretario General de las Naciones Unidas citó en su informe a la Comisión como “factores que han exacerbado las desigualdades y no han logrado generar trabajo decente, siguen socavando la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados”.

De hecho, la Declaración refuerza modelos económicos fallidos y políticas de austeridad y privatización al pedir que se establezcan asociaciones público-privadas (APP) para cumplir los compromisos de lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Las APP y las políticas de austeridad han sido responsables de la “sistemática eliminación de las protecciones de los derechos humanos y marginar aún más a quienes viven en la pobreza”, según el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, y han aumentado la carga del trabajo de cuidado no remunerado. Los Estados tienen la responsabilidad de brindar servicios públicos de calidad y sensibles a las cuestiones de género para todas, ya que son esenciales para el pleno disfrute de los derechos humanos de la mujer.

En la Declaración se incluye un claro compromiso con el trabajo decente, la promoción de la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y el apoyo a la transición del trabajo no estructurado al trabajo estructurado en todos los sectores. Sin embargo, el texto podría haberse reforzado aún más adoptando un lenguaje coherente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (SDG) 8 – en específico la meta 8.5, que establece para el 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para las mujeres y los hombres, en particular los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

El hecho de que no se reconozca el carácter central del trabajo decente para la independencia económica y la autonomía de las mujeres, y la necesidad de un programa de transformación que fomente el liderazgo de las mujeres y defienda los derechos de las trabajadoras es especialmente decepcionante.

En la Declaración no se reconocen los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), (C87, C98, C29 – y su protocolo P29 – C105, C100, C111, C138 y C182) ni otros convenios críticos de la OIT sobre la igualdad de género, incluidos C156, C183, C189 y C190 como fundamentales para respetar, proteger y promover el derecho de la mujer al trabajo y los derechos en el trabajo. Estos son los únicos instrumentos internacionales vinculantes elaborados a través del singular proceso de diálogo social tripartito de la OIT, en el que los gobiernos y representantes de empleadores y trabajadores participan como asociados en pie de igualdad. Como vimos con la reciente adopción del Convenio 190 de la OIT sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del trabajo, el proceso tripartito puede generar un amplio consenso y lograr importantes avances en materia de derechos humanos. El C190 es el primer tratado internacional que establece el derecho a un mundo de trabajo libre de acoso y violencia la necesidad de establecer medidas para abordar la violencia y el acoso por motivos de género, así como reconocer y responder a la violencia doméstica cuando ésta repercute en el mundo del trabajo. En el contexto del retroceso de los derechos de la mujer, este fue un logro digno de ser celebrado en la Declaración Política de Beijing +25.

Los sindicatos apoyan firmemente la referencia de la Declaración al reconocimiento, la reducción y la redistribución del cuidado no remunerado y el trabajo doméstico. Sin embargo, también deberían tomarse medidas para reconocer el valor del trabajo de cuidado no remunerado, y no sólo para reducirlo y redistribuirlo. Un fuerte llamado a la inversión pública en servicios públicos de cuidado y empleos de calidad debería ir acompañado de referencias: al papel del Estado y de los servicios e infraestructuras públicas de calidad en la reducción y redistribución del trabajo de cuidado no remunerado, y el reconocimiento de que se debe promover el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, sin reducir las protecciones laborales y sociales.

La Declaración afirma que “han surgido nuevos desafíos”, pero no nombra ninguno de estos desafíos. En este preciso momento, el auge del autoritarismo y de los extremismos en todo el mundo va acompañado habitualmente de ataques a los derechos de la mujer a la autonomía corporal. El poder corporativo, sin precedentes, sigue generando niveles obscenos de concentración de la riqueza, al tiempo que reduce los salarios reales y las condiciones de trabajo de las mujeres. Las nuevas formas de organización del trabajo, como el trabajo en plataformas digitales junto con la desregulación de la relación laboral, están haciendo que el trabajo sea más precario e informal. El desarrollo no regulado de las nuevas tecnologías puede perpetuar y agravar aún más la discriminación y las desigualdades existentes. La amenaza de extinción masiva que plantea la crisis climática ya está afectando en primer lugar y con mayor fuerza a las mujeres más marginadas.

No es descabellado esperar que los gobiernos puedan producir una Declaración en ocasión del 25º aniversario de Beijing que al menos haga gala de los importantes cambios necesarios para avanzar en los derechos humanos de las mujeres.

Si bien la Plataforma de Acción de Beijing incluía un Objetivo Estratégico específico sobre la reducción de los gastos militares y la reorientación de esos fondos hacia la prestación de los servicios públicos necesarios para los derechos de la mujer, y ordenaba a los gobiernos a que revisaran los impuestos, medios específicos para generar los ingresos necesarios y satisfacer las necesidades de desarrollo, brillan por su ausencia en la Declaración. El aumento en el uso de los paraísos fiscales, que, por ejemplo, ocultan hasta 30 billones de dólares y niegan al público 500.000 millones de dólares de gasto público anual, es un obstáculo evidente para los derechos humanos de la mujer que debería haberse abordado en la Declaración. Así como también haber reconocido la necesidad de un tipo mínimo de impuesto de las sociedades a nivel mundial, un método para gravar a las gigantes multinacionales como una sola entidad y asegurar que esos impuestos se distribuyan de forma justa, y establecer un organismo fiscal de las Naciones Unidas.

La Plataforma de Pekín reconoció el impacto de la crisis de la deuda en las mujeres y pidió radicalmente la “condonación de la deuda”. La Declaración ignora la inminente crisis de la deuda causada por la financiación privada especulativa y la necesidad de acordar urgentemente un mecanismo de solución de la deuda que impida que los fondos buitre mantengan a los países como rehenes y que, en cambio, haga recaer una responsabilidad razonable en los acreedores.

La Plataforma de Pekín identifica el medio ambiente como una de sus esferas de especial preocupación y brinda considerables detalles sobre el impacto que los problemas ambientales, incluido el calentamiento global, tienen en los derechos humanos de las mujeres. La plataforma especifica que: “la principal causa de la degradación incesante deterioro del medio ambiente mundial radica en las insostenibles pautas de consumo y producción, en particular en los países industrializados, lo que es motivo de profunda preocupación y agravan la pobreza y los desequilibrios”. En cambio, el cambio climático se menciona en un párrafo de la Declaración Política, en el que se sugiere que las futuras medidas de los Estados consistirán simplemente en “incorporar una perspectiva de género” en las políticas existentes sobre el clima y los desastres.

No cabe duda de que los Estados perdieron otra oportunidad de comprometerse con la transición justa y equitativa de la economía, que se necesita con urgencia para evitar un caos climático catastrófico. En la Declaración se deberían haber esbozado las medidas que podrían adoptarse a nivel mundial para asegurar que un nuevo acuerdo ecológico se aplique de manera que se acelere la igualdad.

El último párrafo de la Declaración vuelve a comprometer a los gobiernos a la “aplicación plena, eficaz y acelerada de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing”. Si es genuino, ese compromiso renovado requiere reformas inmediatas a nivel internacional y nacional que no se han materializado en los últimos 25 años.

Source: Respuesta de la Agrupación Global Unions a la Declaración Política

El presidente Alberto Fernández enviará al Congreso un proyecto de ley para la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la violencia y el acoso laboral. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social articulará agendas con la OIT y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para llevar a cabo el proceso de ratificación.

Este convenio fue aprobado por la OIT en junio de 2019 y se aplica a todos los sectores, público y privado, de la economía formal e informal, en zonas urbanas y rurales. Alcanza a trabajadores y trabajadoras –cualquiera sea su situación contractual– pero reconoce que las mujeres son las más expuestas a la violencia y al acoso laboral y, sobre todo, quienes se encuentran en situaciones más vulnerables, realizan tareas nocturnas o son migrantes.

Además, contempla la extensión del lugar de trabajo, considerando los mensajes de WhatsApp, lo que sucede en la calle entre trabajadores y sus superiores jerárquicos o en un evento social vinculado al trabajo. A su vez establece como regla en los procesos de reclamo la inversión de la carga de la prueba, si procede, según el caso.

Las situaciones de violencia y acoso laboral suelen ocurrir a puertas cerradas, sin testigos y es muy difícil para la víctima probar lo ocurrido. Este principio, que debe conjugarse con el derecho de defensa y la presunción de inocencia, está expresado con clara perspectiva de género. Basta con que la víctima aporte indicios de que sucedió lo que denuncia para que sea el denunciado quien deba probar lo contrario. Otro aspecto novedoso es que reconoce el impacto en el ámbito laboral de la violencia doméstica, es decir, aquella que sufre la trabajadora en su hogar.

Mas info: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-busca-ratificar-por-ley-un-convenio-de-la-oit-contra-la-violencia-y-el-acoso?fbclid=IwAR16E2WFDzZ0C_5coaV5ckMHgjxBnyxXQD6kx9smRhCkqRrSfbHv5zO-tsA